Excesiva la reforma para el registro de celulares, apuntan expertos en protección de datos

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Por: Marck Hernández / Especial

Este martes el Senado de la República aprobó en lo general el dictamen para la creación de un padrón de usuarios de telefonía celular con datos biométricos como la huella dactilar, la lectura del iris ocular, facciones del rostro e incluso el ADN, entre otras medidas únicas de cada ser humano. La reforma se basa en el supuesto de que obtener los registros ayudará a prevenir o disminuir la incidencia delictiva.

Julio Ríos, Maestro en transparencia y protección de datos personales, explica de los riesgos y limitantes legales que existen debido a los alcances que pudiera tener el mal manejo de información como esta, calificada como sensible:

Imagínate todos estos datos del iris, o de la voz, o de las huellas dactilares, que caigan en malas manos, imagínate los problemas que va a haber de suplantación de identidad; hay que recordar que quien va a tener esta base de datos es el Instituto Federal de Telecomunicaciones al que le han reducido el presupuesto y le han aumentado atribuciones, entonces no hay mucha confianza en las instituciones públicas tampoco para tener esta base de datos tan delicada

La reforma se considera como una intromisión en exceso a la privacidad. Julio Ríos agregó que una reforma similar se planteó en el gobierno de Felipe Calderón en donde lograron la obligatoriedad del registro de teléfonos celulares y a partir de entonces aumentaron delitos como el de extorsión telefónica hasta 40% según datos de especialistas. Así mismo hay ejemplos internacionales donde ya existen bases de datos a partir de información biométrica.

Sí, lo hay pero no en países de primer mundo, sino en países que están identificados como regímenes totalitarios como en Asia o África, en donde sí se han hecho estos registros con datos biométricos, pero no existen en democracias liberales

Este nuevo registro con datos biométricos, será obligatorio para todas las líneas telefónicas tanto nuevas como ya existentes a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), una vez publicada existe la posibilidad de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) promuevan recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así mismo cada ciudadano podría ampararse ante la nueva medida.

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